La reciente consulta pública anunciada por el gobierno de México sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha suscitado preocupaciones significativas. La presidenta Claudia Sheinbaum alega que la iniciativa busca mejorar la calidad de la información en los medios de radio y televisión, un objetivo positivo que podría beneficiar la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes.
Sin embargo, existe el temor de que esta acción encubra una intención de controlar la narrativa mediática, especialmente en relación a los medios que critican al gobierno. El principal riesgo es que se le otorgue al Estado la capacidad de determinar qué se considera información “veraz”, lo que podría amenazar la libertad de expresión.
Dentro del anteproyecto se incluyen mecanismos que permitirían a las autoridades reguladoras sancionar a los concesionarios de medios, una acción que, en democracias consolidadas, debe ser tratada con gran precaución. La verdad en el periodismo no debe depender de la interpretación de funcionarios, ya que esto podría facilitar una censura encubierta.
Este tipo de regulaciones suelen empezar con medidas que parecen inofensivas, pero pueden transformarse en sanciones administrativas y, en el peor de los casos, en represión. La historia ha mostrado que no es necesario clausurar medios para silenciar voces críticas; crear un entorno hostil para la difusión de ciertas informaciones puede producir efectos igualmente perjudiciales.
Uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de que esta regulación se extienda a otros ámbitos, como la prensa escrita y plataformas digitales. Este punto fue señalado por la misma presidenta. Aunque actualmente estas plataformas no se encuentran dentro de la propuesta, la posibilidad de su inclusión plantea un escenario de control aún más riguroso sobre la circulación de la información.
La consulta, que concluirá el 21 de agosto, ofrece la oportunidad a periodistas, académicos y a la sociedad civil para presentar sus opiniones y recomendaciones. No obstante, la gran pregunta que queda es si estas voces realmente tendrán un impacto en el documento final o si será aprobado sin modificaciones relevantes.
La rivalidad actual entre el gobierno y los medios genera desconfianza respecto a la autenticidad de esta consulta. A lo largo de los años, hemos sido testigos de ataques y descalificaciones sistemáticas hacia periodistas y medios, lo que añade tensión a cualquier intento de regulación estatal.
Es fundamental recordar que el poder es transitorio y que las instituciones democráticas deben ser diseñadas para el bienestar del pueblo, tanto ahora como en el futuro. El impacto de estos lineamientos solo podrá ser evaluado con el tiempo, y será la historia la que determine si estas medidas fortalecieron los derechos de las audiencias o si representaron un avance hacia un control más estricto sobre la libertad de expresión.