El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desencadenó una serie de reacciones negativas alrededor del mundo al manifestar su decisión de no celebrar más elecciones en el país. Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega, que lleva casi dos décadas en el poder, declaró: “¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones, para (evitar) que por ahí intenten ellos (los partidos de oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder.”
La respuesta internacional fue de condena general, a excepción de México. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington “no se quedará de brazos cruzados” frente a lo que considera una amenaza a los derechos de los nicaragüenses.
El descontento creció aún más tras la carta enviada supuestamente por el embajador mexicano en Nicaragua, Guillermo Zamora Villa, a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en la que manifestaba su “cariño y admiración” por el gobierno sandinista. Esta comunicación fue duramente criticada por senadores como Marko Cortés, quien la tildó de “vergonzosa”, señalando que no es aceptable apoyar un régimen que socava la democracia.
Desde 2018, la ONU documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua, que incluyen asesinatos, encarcelamientos y torturas. Esto llevó a la Comisión de Expertos en Derechos Humanos a calificar las acciones del gobierno de Ortega como posibles “crímenes de lesa humanidad”. En su informe más reciente, el organismo advirtió que la represión está alcanzando niveles alarmantes, incluso privando de nacionalidad a cientos de nicaragüenses.
Con el aumento de la presión internacional, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, tuvo que asegurar que habrá elecciones en el futuro, aunque bajo un nuevo marco constitucional que supuestamente protegería el proceso de injerencias extranjeras y de aquellos considerados “traidores a la patria”. Esta declaración fue realizada mientras el parlamento iniciaba consultas para implementar las reformas necesarias.
En este contexto político cada vez más tenso, México se enfrenta a un dilema. Si bien hay afinidades ideológicas con gobiernos de izquierda, no se puede ignorar un régimen que evidentemente viola derechos humanos. La situación se complica aún más al considerar que la autodeterminación de los pueblos podría ser utilizada como justificación para la inacción ante violentas violaciones a la democracia en la región.